La Fiscalía de Medio Ambiente impulsa la demolición de viviendas ilegales construidas es espacios protegidos
La Fiscalía de Medio Ambiente de Girona ha puesto en marcha una significativa acción legal que culmina con la emisión de una orden de demolición para varias construcciones ilegales situadas en áreas de protección ambiental. Este caso subraya el compromiso continuo de las autoridades para preservar el entorno natural y garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística.
Investigación y Acciones Preliminares
Desde 2019, la Fiscalía ha estado investigando la construcción de bungalows en un camping ubicado en terrenos protegidos de la Costa Brava. Este proceso comenzó con una serie de Diligencias de Investigación, realizadas por la Guardia Civil, centradas en revisar los expedientes urbanísticos gestionados por el ayuntamiento de Sant Pere Pescador desde 2010. Este exhaustivo análisis tenía como objetivo evaluar la adherencia a la legislación urbanística aplicable y otras normativas relevantes.
Indicios de Delitos Urbanísticos
Las investigaciones revelaron indicios de posibles delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística. Estos hallazgos llevaron a la Fiscalía a presentar una denuncia formal ante el juzgado de instrucción de Figueres en 2021. Esta acción judicial busca clarificar las responsabilidades y el grado de implicación de los individuos involucrados en las irregularidades detectadas.
Resolución Judicial y Orden de Demolición
Como resultado de las diligencias judiciales y la acumulación de pruebas, el departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña emitió una orden de demolición para 89 bungalows que fueron erigidos sin los permisos necesarios en suelo no urbanizable. Esta decisión no solo reafirma la importancia de proteger áreas ecológicamente sensibles, sino que también pone de manifiesto las consecuencias legales de ignorar las regulaciones urbanísticas.
Impacto y Continuación del Proceso Judicial
El caso continúa en curso, con el juzgado de instrucción de Figueres llevando a cabo nuevas diligencias para completar la investigación. Este proceso judicial está pendiente de más acciones que podrían incluir la toma de declaración a más implicados y la solicitud de evidencia adicional.
Conclusión
Este episodio en la Costa Brava es un claro recordatorio de la necesidad de adherirse a las leyes de urbanismo, especialmente en zonas de alto valor ecológico. La actuación de la Fiscalía y las subsiguientes órdenes de demolición subrayan el compromiso de las autoridades con el mantenimiento de la legalidad urbanística y la protección del medio ambiente. El caso sigue evolucionando, y se espera que sirva de precedente para prevenir futuras infracciones en áreas protegidas, asegurando que el desarrollo inmobiliario se realice de forma responsable y sostenible.