El Tribunal Supremo establece que la demolición de una obra ilegal no vulnera el Derecho a la vivienda
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado recientemente que la demolición de construcciones ilegales constituye una medida necesaria para preservar el orden urbanístico y que dicha acción no contraviene el derecho fundamental a la vivienda. Esta decisión resalta la importancia de adherirse a las normativas urbanísticas y establece directrices claras sobre la ejecución de órdenes de demolición en casos de infracciones graves.
Fundamentos de la decisión del Tribunal Supremo
En una sentencia fechada el 18 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo abordó el caso de una vivienda construida sin licencia en un área de especial protección en la Vega del Río Guadalquivir. La construcción, de 40 metros cuadrados, fue inicialmente absuelta en Primera Instancia, pero la Audiencia Provincial de Córdoba revirtió dicha decisión, condenando a la propietaria y ordenando la demolición. El Tribunal Supremo ratificó esta decisión, argumentando que omitir la demolición podría generar un “efecto llamada”, incentivando más infracciones en la zona.
La demolición como regla general ante infracciones urbanísticas
El Tribunal Supremo ha clarificado que la demolición debe ser la regla general en casos de delitos contra la ordenación del territorio. Esta posición se sustenta en la necesidad de mantener la integridad del planeamiento urbanístico y evitar precedentes que puedan fomentar futuras violaciones. Además, se enfatiza que la construcción en zonas ya degradadas urbanísticamente no justifica la exoneración de la demolición, puesto que perpetuaría las infracciones y comprometería la restauración del orden urbanístico.
Excepciones a la orden de demolición
Aunque la demolición es la norma en la mayoría de los casos, el Tribunal Supremo reconoce excepciones bajo circunstancias muy específicas. Estas incluyen situaciones donde los terceros adquirentes de buena fe puedan verse afectados, cuando la alteración al ordenamiento del suelo sea mínima, o cuando la demolición resulte en un grave perjuicio para la colectividad. Estas excepciones subrayan la necesidad de un análisis detallado del impacto social y legal de la demolición en cada caso particular.
La decisión del Tribunal Supremo refuerza la importancia de cumplir con las leyes de urbanismo y ordenación del territorio, subrayando que el derecho a la vivienda debe ejercerse dentro del marco legal establecido. La sentencia recalca que la demolición de construcciones ilegales es fundamental para preservar la legalidad y el orden urbanístico. Esto sirve como un recordatorio crítico para propietarios y constructores sobre la importancia de obtener las licencias necesarias antes de emprender cualquier obra, asegurando así que sus derechos y los de la comunidad se mantengan protegidos.