El Partido Regionalista de las Islas Baleares (PI) propone una medida audaz: la legalización de viviendas fuera de ordenación que, debido a su situación legal, no pueden ser reformadas. Esta iniciativa busca no solo mejorar la calidad de vida de los residentes sino también alinear las edificaciones con los estándares urbanísticos actuales.
Un problema histórico con una solución propuesta
Desde los años sesenta y setenta, numerosas viviendas en Mallorca se construyeron sin adherirse completamente a las normativas urbanísticas vigentes de aquel entonces. Con el paso de los años, estas construcciones han sufrido deterioros significativos, pero los propietarios se encuentran imposibilitados para realizar reformas debido a su estatus de “fuera de ordenación”. Josep Melià, candidato del PI a la presidencia del Govern, critica la parálisis actual y recalca la necesidad de un cambio legislativo que permita la legalización y la consecuente rehabilitación de estas estructuras.
Legalización de vivienda: un camino hacia la seguridad y la mejora
La propuesta del PI incluye la implementación de un procedimiento extraordinario y temporal que facilitaría la legalización de estas viviendas, siempre y cuando no se encuentren en procesos de demolición activos. Esta medida no solo resolvería la “incerteza brutal” que enfrentan muchos ciudadanos, según Melià, sino que también abriría la puerta a mejoras significativas en las propiedades afectadas, permitiendo a los propietarios realizar las reformas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ocupantes.
Paralelismos con la industria hotelera y el turismo
Melià también hace referencia a políticas previas que permitieron modernizaciones similares en la industria hotelera de las islas, sin permitir aumentos en la capacidad de plazas o en la altura de los edificios. Según el candidato, esta misma flexibilidad debería aplicarse a las viviendas para mejorar su calidad sin alterar su estructura exterior de manera significativa. Además, subraya la importancia de que las mejoras en el sector turístico vayan de la mano con las mejoras en el alojamiento residencial, asegurando que ambos sectores crezcan en calidad de manera cohesiva.
Conclusión
La propuesta del PI para la legalización de vivienda en suelo rústico y urbano en Mallorca responde a una necesidad largamente ignorada de actualizar y regularizar viviendas que actualmente no cumplen con los estándares urbanísticos. Esta medida no solo beneficiaría a los propietarios permitiéndoles realizar mejoras esenciales, sino que también alinearía estas propiedades con las expectativas modernas de seguridad y sostenibilidad. La legalización de estas viviendas podría significar un paso adelante hacia un urbanismo más responsable y una mejor calidad de vida para todos los mallorquines.