Compra un piso con orden de derribo y el juez le impide anular el contrato
En un caso que ha resonado en los pasillos de la justicia gallega, la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, se ha visto en la tarea de avalar un contrato de compraventa que ha dejado a más de uno perplejo. Se trata de la adquisición de un piso rehabilitado en O Berbés, en abril de 2019, sobre el cual pesaba un expediente de demolición debido a un exceso de edificación. Este expediente había sido iniciado por el Concello de Vigo como parte de su disciplina urbanística.
Un Conflicto Entre la Ley y la Moral
La polémica surge cuando el comprador, tras descubrir la carga que pesaba sobre la vivienda, se siente engañado y decide tomar acciones legales contra los vendedores, una empresa de inversión y otra residencial, acusándolos de estafa y solicitando la anulación de la escritura. La base de su denuncia radica en que los vendedores no le informaron de la existente orden de derribo, una omisión que él consideraba fundamental y que afectaba directamente la habitabilidad y, por ende, el valor del inmueble.
La Cláusula de la Discordia
Sin embargo, el giro inesperado en este caso viene dado por una cláusula firmada ante notario en la que el comprador reconocía estar informado sobre la situación urbanística de la finca. Este detalle ha sido crucial para la decisión de la Audiencia, que ha rechazado la acusación de estafa en contra de las empresas vendedoras. La sala argumenta que no se puede hablar de engaño cuando el comprador había firmado un documento en el que exoneraba a los vendedores de cualquier responsabilidad por vicios o defectos ocultos, incluyendo aquellos que pudieran afectar la habitabilidad de la vivienda.
La Responsabilidad del Comprador
El tribunal ha enfatizado la importancia de la responsabilidad individual en este tipo de transacciones, señalando que el comprador no solo firmó la cláusula que ahora busca anular, sino que además, en la escritura notarial, declaró conocer el estado urbanístico de la propiedad. Esta declaración hace insostenible el argumento de haber sido engañado, dado que existía un expediente de Protección de la Legalidad Urbanística desde 2017 que afectaba directamente a la vivienda en cuestión.
Conclusiones de un Caso Complejo
La decisión de la Audiencia de Pontevedra subraya una lección valiosa sobre la importancia de la diligencia y la transparencia en el proceso de compraventa de propiedades. Aunque puede argumentarse que los vendedores tenían la obligación moral de destacar la existencia de una orden de demolición, la legalidad del acuerdo se sostiene en el conocimiento y aceptación del comprador sobre la situación urbanística de la finca.
Este caso no solo pone de manifiesto la complejidad de las transacciones inmobiliarias y las implicaciones legales que pueden surgir de ellas, sino que también recalca la necesidad de un asesoramiento legal adecuado antes de firmar cualquier documento de trascendencia. La justicia ha hablado, y aunque el comprador se encuentre con un piso condenado al derribo, las leyes y los contratos firmados han prevalecido sobre el sentimiento de injusticia. La moraleja es clara: en el mundo del derecho y las propiedades, lo escrito y firmado tiene un peso irrefutable, y la información es la llave para evitar caer en situaciones indeseadas.